No defiendo una apertura incontrolada, utópica, de las fronteras de la Fortaleza europea sino una legislación de acogida flexible, que regule la inserción de cuantos trabajadores requiera el mercado laboral: una cifra que únicamente los economistas y expertos se atreven a evocar. La Ley de Extranjería de 1985 -uno de los peores yerros del Gobierno de Felipe González- sustituida hace un año por otra más conforme con los derechos de los extranjeros reconocidos por la Constitución de 1978, ha cedido paso a su vez a una tercera -la que entró en vigor el pasado 23 de enero- que constituye un verdadero monumento de torpea e iniquidad. Una ley que exige a los inmigrantes un seguro de viaje que cubra los gastos médicos y la repatriación en caso de accidente o enfermedad repentina, una verificación en los consulados de sus capacidades de adaptación a la sociedad española (atribuyendo a los diplomáticos un don de vaticinio tan sobrenatural o milagroso como el que quiso otorgar a la policía de fronteras alemana la posibilidad de determinar de visu a los presuntos portadores del virus del sida) y el depósito de sus billetes de vuelta en las dependencias policiales, es una ley que propicia la discriminación, el racismo y la exclusión, que contribuye a perpetuar un verdadero régimen de apartheid en distintas comarcas de España y que no resuelve las situaciones creadas por la inmigración sino que las agrava y multiplica, pues condena a los indocumentados, víctimas de sus cláusulas abusivas, a la explotación despiadada de su miseria (como denunciaba la corresponsal en Almería de El País-Andalucía el 17.2.2001, varias docenas de magrebíes hacinados en un cortijo de El Ejido subsisten con las hortalizas crudas desechadas por los amos de los invernaderos), a la delincuencia (muchos jóvenes dan el tirón a algún bolso en las narices de la policía para ser detenidos y prolongar así su estancia hasta el día en que sean juzgados) y a los desafueros de las "fuerzas del orden" (durante mi última visita a Barcelona, varios magrebíes del barrio de la Rivera me señalaron que policías nacionales de paisano les despojaban de su dinero, relojes y zapatillas deportivas de marca so pretexto de que no tenían pruebas justificativas de su adquisición).