EDITORIAL

Los obispos y el voto

La Conferencia Episcopal vuelve a interferir en la política, interviniendo en la precampaña

El País 01/02/2008

La Conferencia Episcopal ha emitido una nota sobre las elecciones del 9 de marzo, en lo que ya parece haberse convertido en una rutina. No se trata de negar a los obispos su derecho a introducir sus mensajes pastorales en la vida política, sino de recordarles que, a diferencia del resto de los ciudadanos, ellos disponen de un espacio exclusivo y reservado para hacerlo: los templos. Si se deciden a abandonarlos, como sucede cada vez que emiten una nota semejante a la de ayer, deben atenerse a las reglas pactadas entre ciudadanos y recogidas en la Constitución y las leyes. En el terreno político, ni son pastores de nadie puesto que rige el principio de una persona, un voto, ni pueden reclamar la posesión de la verdad si no es a costa de incurrir en fanatismo.

La nota de la Conferencia Episcopal recomienda a los católicos el voto al Partido Popular por la vía de describir los partidos a los que no deben apoyar, sin nombrar ni a uno ni a otros. Es una opinión política y no doctrinal, que, en todo caso, colocaría a los obispos ante la necesidad de explicar qué tratamiento reservarán a los creyentes que no sigan su consigna o que militen en formaciones que no son la que recomiendan. Pero, sobre todo, coloca al PP ante la obligación de pronunciarse sobre la autonomía de la esfera política en nuestro sistema constitucional: el intento de hacer coincidir el número de los católicos españoles con el número de sus votantes le pone en evidencia, tanto como a la jerarquía eclesiástica.

El retrato en negativo de los partidos a los que, según la Conferencia Episcopal, no deben votar los católicos está trazado con rasgos insidiosos, que no responden a la realidad. No es cierto que existan "dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública". Lo que sucede, por el contrario, es que la escuela pública no puede convertirse en agente de catequesis católica, como pretende el sector más integrista de los obispos. La mención a la negociación con los terroristas está redactada con particular malevolencia: ni la sociedad española ni ningún partido democrático ha considerado nunca que una banda de asesinos sea "representante político de ningún sector de población" o "interlocutor político" de nadie.

La búsqueda del consenso en el interior de la Conferencia Episcopal, profundamente dividida ante sus propias elecciones de marzo, ha hecho que la nota recoja algunos principios constitucionales que deberían regir las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Habría que tomarle la palabra a los obispos y animarles a que den pruebas de que, en efecto, respetan "a quienes ven las cosas de otra manera" o de que no confunden la "aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral". Ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía tendrían, por ejemplo, una ocasión inmejorable para demostrar que son fieles a sus propias recomendaciones.