El pasado domingo, día 31 de octubre, publiqué con este mismo titular en la hoja parroquial de mi parroquia el siguiente artículo:

"En las últimas semanas arrecian en los medios de comunicación los ataques desde organismos eclesiales dirigidos contra las nuevas leyes o disposiciones que intenta impulsar el Gobierno Español a propósito de la enseñanza de la religión en la escuela, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la asignación tributaria a la Iglesia, agilización del divorcio, etc. Hasta se habla de organizar una gran manifestación en Madrid para presionar al ejecutivo.

No estaría de más un buen grado de sensatez y de sentido común por todas las partes, empezando por la de bastantes de nuestros obispos. Se ha llegado a hablar hasta de "persecución religiosa" y hay incluso tertulias radiofónicas en las que se lamentan de que la "extrema izquierda" esté actualmente gobernando. Seamos serios y no digamos barbaridades.

Si alguien intenta recobrar posiciones de poder a costa de reagrupar fuerzas contra el "supuesto enemigo" se equivoca de medio a medio. Lo que habría que hacer más bien es reconocer que nuestra Iglesia necesita una revisión a fondo, un afrontar los problemas sin dramatismos, un reconocer que no hemos dado los pasos a los que nos comprometimos para autofinanciarnos y ser independientes del Estado, un profundizar en la postura evangélica en relación con la ética sexual y un aceptar la autonomía del Parlamento y de nuestros gobernantes para legislar de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles. Lo demás puede ser echar balones fuera y mantenernos en un triste inmovilismo que parece añorar épocas de poder."

Ese mismo domingo se me presentó en la sacristía, antes de dar comienzo a la primera misa del día, una profesora de religión de un colegio cercano con la intención de proceder a una recogida de firmas para evitar que se elimine la religión de la escuela. Necesitaba que le prestara mesas para ello y que yo, como sacerdote, hiciera propaganda de esta movida en las misas que me disponía a celebrar. Su visita había sido precedida de una carta de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis en la que se me instaba a dar toda clase de facilidades.

La sorpresa de la profesora fue mayúscula cuando yo le comuniqué mi negativa a prestar la parroquia para esta finalidad. Me amenazó con comunicar mi actuación en el Obispado. Se extrañó de que yo no hiciera lo mismo que lo que se suponía iban a hacer las restantes parroquias. Se lamentó de mi falta de colaboración dado que su colegio siempre ha colaborado con la parroquia. Alegó incluso que, para venir a mi parroquia, había tenido que dejar a su hija, etc.

Ante mi alegación de que el Gobierno no ha quitado la enseñanza de la religión de la escuela sino que simplemente ha vuelto a la etapa anterior a la del Gobierno del PP y que sigue considerando obligatoria la oferta de enseñanza de la religión a los padres que la soliciten, me afirmó que la "intención" del Gobierno era suprimirla, por lo cual le tuve que hacer ver que no nos podemos basar en juicios de intenciones sino en hechos. żEs que hemos de esperar a que la quiten para actuar entonces?, me espetó dentro de la más pura lógica de la "guerra preventiva". A continuación me hizo devolverle los montones de folios preparados para recibir firmas que me habían hecho llegar días antes y se marchó claramente indignada.

Desde estas páginas quiero expresar una vez más mi oposición a movidas "guerreras" que, con argumentos que llevan a la confusión ("para que no se elimine la enseñanza de la religión en las escuelas") tratan de movilizar a los creyentes en contra de un Gobierno que no parece ser de la cuerda de muchos dirigentes eclesiásticos. Pocos días antes estuvimos analizando con un grupo de mujeres de la parroquia la actual situación de confrontación deteniéndonos en si se trata de "ataques contra la Iglesia". Personalmente creo que hay distinguir los "ataques" de la presentación de alternativas y proyectos de ley que no coinciden con las posturas morales que muchos mantienen en nuestra Iglesia. Que el Gobierno presente unos proyectos de ley sobre divorcio, aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, enseñanza de la religión como asignatura sin valor académico, etc., cuyo contenido no sea del agrado de los obispos en general no quiere decir que se trate de ataques contra la Iglesia sino de posturas diferentes a las de los obispos. El Gobierno tiene que atender a las posturas no sólo de la Iglesia sino también de tantas y tantas personas que no se identifican con los postulados morales eclesiásticos. Y está plenamente legitimado para gobernar tratando de que el Parlamento modifique la actual legislación. Los representantes eclesiales harán bien en manifestar su punto de vista ante estos proyectos discrepando de ellos si así lo estiman conveniente, porque para eso hay libertad de expresión en este país, libertad ganada con el esfuerzo de la inmensa mayoría de los españoles. Y harán bien en manifestar su postura ante los demás miembros de nuestra Iglesia. Pero no deben considerar como "ataques" lo que simplemente son puntos de vista diferentes y menos prestarse a organizar "guerras" como si de una cruzada se tratara.

Por otra parte, están resultando verdaderamente lamentables actuaciones jerárquicas consistentes en lanzar la piedra y esconder la mano, en promover manifestaciones contra el Gobierno pero no querer aparecer como sus promotores. Como si el "trabajo sucio" lo tuvieran que hacer otros para que ellos no se vean enfrascados en la pelea y poder aparecer luego como por encima de las partes y limpios de polvo y paja. A este respecto no hay más que analizar, a modo de un ejemplo tan sólo, lo ocurrido con la página web del Obispado de Alcalá, en la cual, tras presentar a los obispos como los promotores de la manifestación, tuvieron que modificar el texto pocos días después para desligar a los obispos de la promoción de la idea. No creo que ése sea el juego adecuado.

Convendría que nuestros obispos aceptaran el hecho de que somos muchos los que, con todo derecho, disentimos de algunas o de muchas de sus actuaciones políticas. Eso es lo normal en cualquier organización no totalitaria. Y nadie debería, por ello, amenazarnos con denunciarnos ante la jerarquía. Que no nos vengan con ésas porque de esa forma no nos van a hacer callar.

Pepe Nerín